Pdvsa apeló decisión que permite embargo de Citgo a favor de minera Crystallex

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Pdvsa introdujo el petitorio el viernes

según informó vía Twitter

Pdvsa comunicó vía Twitter que introdujo el viernes ante la Corte Federal de Apelaciones del 3er. Circuito de Estados Unidos el requerimiento; para que sea emitida una orden a la Corte del Distrito de Delaware a fin de que esta reconozca que esa instancia; “ha sido despojada de jurisdicción con respecto a Pdvsa y sus activos”, mientras esté pendiente la resolución de la apelación.
El juez Leonard P. Stark de la Corte del Distrito de Delaware emitió el jueves 23 de agosto un fallo a favor de Crystallex en la que autoriza la emisión y notificación de una orden de embargo; de las acciones de las refinerías y otros activos de Citgo; la filial estadounidense de Pdvsa, como parte de una compensación de $1.400 millones por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en Venezuela.
La Filial de Pdvsa Citgo tiene tres refinerías en Luisiana, Texas e Illinois, entre otros activos con un valor estimado de 8.000 millones de dólares; Crystallex no obtendrá la totalidad de Citgo pero Venezuela podría verse obligada a liquidarla para cumplir con la orden judicial.
El ahora fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales; acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
A comienzos de 2009, este anunció la toma por parte de las operaciones de firmas canadienses en el estado Bolívar; región con uno de los yacimientos de oro más grandes del continente, refirió este domingo la agencia AP.
Ya el 9 de agosto el juez Stark determinó que las acciones de Citgo estaban sujetas a embargo.
Desde 2011 Cristallex trató de negociar un acuerdo con Venezuela; antes de presentar su caso ante un panel de arbitraje del Banco Mundial, que se puso del lado de la firma canadiense, afirman.
Los analistas advierten que el fallo podría desencadenar una disputa de una lista de acreedores; quienes les adeudan alrededor de $65.000 millones en bonos que el país no ha pagado en el último año.
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